viernes, 27 de enero de 2012

Caso Garzón: investigar no es delito


Estoy con Juan José Millás; Me duele la cabeza.

Con Millás porque es imposible que en este momento no nos duela la cabeza, es muy difícil todo lo que está pasando para la salud mental de cualquier persona de bien.
Es "chungo" vivir en un país en el que, después de más de 30 años de presumida democracia, que cada día huele más a falsa, se despide a los Ministros de Franco con todos los honores mientras se juzga a Garzón, como decía hoy Millás en "la ventana", en tres juicios distintos; si no cae en el primero, caerá en el segundo, y si no en el tercero. El juez que fué capaz de hacer justicia para los damnificados de la dictadura argentina, resulta que no puede hacerla en su propio país,...en su superdemócrata y ejemplarizante país,en el único país de Europa que todavía tiene fosas comunes sin investigar .
Para Amnistía Internacional, "la Ley de Memoria Histórica aprobada en el Congreso de los Diputados en 2007 está alejada del derecho internacional y, por tanto, no salda realmente la deuda pendiente del Estado con todas las víctimas que padecieron graves violaciones de derechos humanos y nunca obtuvieron verdad, justicia ni reparación. Durante la Guerra Civil y el franquismo fueron muchas las víctimas de graves abusos que el derecho internacional prohibía y condenaba, como tortura, ejecuciones extrajudiciales, ataques contra población civil, persecución política, religiosa o racial, encarcelamientos arbitrarios, trabajos forzados y otros actos definidos como crímenes contra la humanidad.
Ni el paso del tiempo ni actos políticos de perdón u olvido cancelan la responsabilidad del Estado hacia las víctimas; la responsabilidad de los autores de estos crímenes no prescribe nunca.
Amnistía Internacional trabaja para que las víctimas del franquismo y de la Guerra Civil puedan acceder a su derecho a saber, a obtener justicia y a ser reparadas, tal como establecen las normas internacionales de derechos humanos."
Amnistía Internacional considera escandaloso que un magistrado sea juzgado por buscar la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas y los familiares de una violación masiva de derechos humanos. La investigación de los abusos contra los derechos humanos es una obligación de derecho internacional para el Estado español, incluyendo el Poder Judicial en su conjunto.
Al juez de la Audiencia Nacional se le acusa de un presunto delito de prevaricación por haber abierto una causa en la Audiencia Nacional para investigar la desaparición forzada de 114.266 personas entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951. A Garzón se le acusa, entre otras cuestiones, de no aplicar a sabiendas la Ley de Amnistía de 1977 en la instrucción del caso.
Amnistía Internacional considera irrelevante que la investigación del juez Garzón infringiera o no la legislación nacional española, ya que es justamente la Ley de Amnistía de 1977 la que impide iniciar procesamientos por delitos de derecho internacional, la que supone un incumplimiento de las obligaciones contraídas por España en virtud del derecho internacional. Para la organización, jamás puede considerarse como delito la investigación de violaciones de derechos humanos, aún si para ello es necesario dejar de lado una ley de amnistía u otras normas relativas a la prescripción de los delitos.
Además, es profundamente preocupante la dilación que ha sufrido la investigación de los crímenes de desaparición forzada durante la guerra civil y el franquismo. Una de las investigaciones de Amnistía Internacional actualmente en curso, cuyas conclusiones definitivas se harán públicas este año, parece evidenciar que al menos cuatro procesos de investigación de dichos crímenes se han visto postergados y su avance ha sido condicionado a la decisión final por parte del Tribunal Supremo en la causa contra Garzón.
Tal investigación parece demostrar asimismo que los criterios utilizados para fundamentar los cargos contra el juez han sido esgrimidos por juzgados territoriales que investigaban los crímenes cometidos durante el franquismo para archivar masivamente los procedimientos. La organización considera que este hecho está afectando de manera grave los derechos de las víctimas y sus familias.
Por otra parte, Amnistía Internacional urge a las autoridades españolas a que centren sus esfuerzos en revelar la verdad de los millares de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y actos de tortura cometidos durante el franquismo y en proporcionar reparación plena a las víctimas y a sus familias.
Si no hicieron los que van de socialistas, que debió ser que no les dió tiempo, ¿ lo van a hacer los franquistas reconvertidos interesadamente a demócratas?
¡¡País!!









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