La ratificación del pacto suscrito por España en el
año 1977 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966, obliga al Estado
español, entre otras medidas, a rendir cuentas ante un comité que se encarga de
supervisar el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de
los países adheridos en temas tan primordiales como la disponibilidad y
accesibilidad a una vivienda, la salud, trabajo, educación, etc.
Frente al informe que el Gobierno español
ha presentado, Amnistía Internacional y una coalición de 19 organizaciones
sociales han presentado al citado Comité dos informes que reflejan una realidad
política basada en recortes sociales que están generando un aumento de las
desigualdades en nuestro país.
En el “Informe
Conjunto al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” presentado por esta agrupación de
19 organizaciones sociales, se pone de manifiesto las disfunciones e
incumplimientos de nuestro país respecto al Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
En un capítulo introductorio, se presentan de manera resumida las líneas
básicas sobre las que incide el informe, de manera que el Comité pueda ampliar
y comparar la información aportada por el Estado español en su 5ª comparecencia
frente al Comité de seguimiento de Naciones Unidas.
Estas
líneas de análisis, que en el informe avanzan según el articulado definido en
el pacto y que concluyen con una serie de recomendaciones por cada una de
ellas, de forma literal son:
- “Las
políticas adoptadas por el estado en respuesta a la crisis económica y
financiera están favoreciendo un retroceso en la protección y el disfrute
de los derechos económicos, sociales y culturales, que además se agravan
dependiendo de la zona geográfica, gracias a la desigual distribución de
recursos en el país."
- “La ausencia de medidas
de protección social para paliar el impacto de la crisis sobre los
derechos de personas o poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad,
como las mujeres, las y los trabajadores migrantes, las personas con
discapacidad, la comunidad gitana y la infancia…".
- “Las medidas de
austeridad fiscal que está adoptando el gobierno para hacer frente a la
crisis no sólo se limitan a la reducción de inversión social hasta extremos
que afectan el contenido esencial de los derechos reconocidos en el
PIDESC, sino que, para ajustarse al reducido margen presupuestario
modifican y derogan garantías legales de los derechos sociales…"
- "Este informe pone
en evidencia la deficiente rendición de cuentas por parte del Estado y la
ausencia de mecanismos para la participación real y efectiva de la
sociedad civil en la toma de decisiones en materia económica y social…”
Para finalizar, las organizaciones que firman el documento solicitan al
Comité que inste al Estado Español al cumplimiento de las obligaciones
suscritas en el pacto, que rinda cuentas sobre su actuación al respecto, a que
no se adopten medidas regresivas, sino que por el contrario, su “protección
debe tener carácter prioritario en la agenda estatal” y que se “tome
en cuenta los derechos humanos a la hora de diseñar, implementar y evaluar
estrategias tendentes a la recuperación económica”.
Este informe ofrece
información complementaria al informe presentado por el Estado español en junio
de 2009 y destaca áreas de preocupación que revelan el incumplimiento del
Estado español respecto a sus obligaciones en el marco del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Pone énfasis en temas
que o no han sido abordados o bien han sido abordados de forma insuficiente en
el 5º Informe Estatal de España. Estas materias se refieren especialmente a las
cuestiones planteadas en su momento por el Grupo de Trabajo previo al periodo
de sesiones del Comité en mayo de 2011.
Los temas de especial
preocupación para las organizaciones que remiten este informe incluyen: la
notable regresividad en la protección y el disfrute de los derechos económicos,
sociales y culturales que podrían suponer las políticas adoptadas por el estado
en respuesta a la crisis económica y financiera; la desigual distribución de
recursos en el país que da lugar a diferencias y a vulneraciones en el disfrute
los derechos económicos, sociales y culturales dependiendo de la zona
geográfica; y la ausencia de medidas de protección social para paliar el
impacto de la crisis sobre los derechos de personas o poblaciones en situación
de mayor vulnerabilidad, como las mujeres, las y los trabajadores migrantes,
las personas con discapacidad, la comunidad gitana y la infancia. Las
organizaciones que suscriben este informe ven con preocupación que las medidas
de austeridad fiscal que está adoptando el gobierno para hacer frente a la
crisis no sólo se limitan a la reducción de inversión social hasta extremos que
afectan el contenido esencial de los derechos reconocidos en el PIDESC, sino
que, para ajustarse al reducido margen presupuestario modifican y derogan
garantías legales de los derechos sociales. Finalmente este informe pone en
evidencia la deficiente rendición de cuentas por parte del Estado y la ausencia
de mecanismos para la participación real y efectiva de la sociedad civil en la
toma de decisiones en materia económica y social.
Desde el examen de
España ante el Comité en 2004, se han producido ciertos avances positivos en
algunos aspectos de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC).
España fue el primer país europeo en ratificar el Protocolo Facultativo al
PIDESC, que establece un mecanismo de denuncias con respecto a violaciones de
los derechos consagrados en el Pacto. Recientemente, el Estado también ha sido
uno de los primeros veinte países en suscribir el tercer Protocolo Facultativo
a la Convención sobre los Derechos del Niño que también establece un procedimiento
de denuncias individuales o colectivas.
El 5º Informe
Periódico presentado por España recoge estos y otros avances que ha habido en
materia de ratificación de instrumentos internacionales relativos a los DESC y
su incorporación en el orden jurídico interno. Sin embargo, a diferencia de lo
que señalan las directrices del Comité para la realización de los informes
estatales, el informe no refleja la situación actual de los derechos
económicos, sociales y culturales en el país ni explica los esfuerzos que
hubiera realizado para garantizar su plena efectividad a través de las
políticas públicas pertinentes. Con el objetivo de evaluar el grado de
cumplimiento de las obligaciones de respetar, proteger y realizar los derechos
económicos, sociales y culturales, es necesario que los Estados no sólo
proporcionen información del marco legal nacional, sino también de la
traducción de estas normas en políticas, de los recursos dedicados a éstas y
del correspondiente impacto de la acción gubernamental en el pleno disfrute de
los derechos económicos, sociales y culturales. Cabe resaltar la escasa
información brindada por el estado en relación a las consecuencias para los
DESC de las medidas impulsadas en los últimos cinco años en el contexto de la
crisis económica, medidas que están provocando un retroceso acelerado en la
disfrute de estos derechos.
Este informe pone de
relieve el creciente deterioro en las condiciones de vida de gran parte de la
población y las importantes repercusiones que este tendrá en el disfrute de los
derechos humanos a mediano y largo plazo. Un número creciente de hogares tiene
a todos sus miembros en situación de desempleo, provocando que muchas familias
se encuentren por debajo del umbral de pobreza. La elevada tasa de pobreza
infantil puede tener efectos negativos en el desarrollo infantil y provocar
consecuencias permanentes e irreversibles en el disfrute de los derechos
económicos, sociales y culturales en la edad adulta. El enorme porcentaje de
desempleo juvenil, de casi el 50%, supone que una generación entera tenga que
posponer su desarrollo profesional y personal, o bien que se vea obligada a
emigrar o vivir en situaciones de precariedad. Cada apartado de este informe
presenta datos y observaciones desde la perspectiva de una amplia gama de
organizaciones de la sociedad civil que apuntan a los principales problemas con
las que estas se enfrentan en relación a los DESC en España. No pretende
brindar un análisis exhaustivo de las políticas relativas a cada de uno de
ellos, sino ofrecer información sobre temas susceptibles de ser inquiridos por
parte del Comité en su examen del informe del Estado español.
Las organizaciones
solicitan al Comité que inste al Estado Español a no adoptar medidas regresivas
y que en cumplimiento de sus obligaciones bajo el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales tome en cuenta los derechos humanos
a la hora de diseñar, implementar y evaluar estrategias tendentes a la
recuperación económica. La crisis económica no puede ser una justificación para
relegar a un segundo plano los derechos económicos, sociales y culturales, sino
que su protección debe tener carácter prioritario en la agenda estatal. El
Estado español debe realizar los mayores esfuerzos para dedicar el máximo de
sus recursos disponibles a la implementación de programas y medidas tendentes a
la protección, sin discriminación, de los grupos en situación de vulnerabilidad
social y económica. El Estado además, debe aportar información y rendir cuentas
por los impactos sobre los derechos humanos que acarrean las medidas de
austeridad, y por las opciones de política fiscal que adopta, puesto que
ninguna de ellas puede eliminar ni hacer retroceder el disfrute de los derechos
sin consecuencias.
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